La Vicepresidenta también presentó su apelación y pidió que la absolvieran. El fallo fue dictado en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal 2
El fiscal federal Diego Luciani y la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, apelaron hoy el fallo que en diciembre pasado el Tribunal Oral Federal 2 por el caso de la obra pública. La Fiscalía pidió que se agrave la condena de la ex presidenta por el delito de asociación ilícita, por el que en el juicio fue absuelta. En tanto, la defensa, a cargo del abogado Alberto Beraldi, reclamó que se revoque la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo plantearon en sus escritos. Luciani lo hizo una presentación de 525 páginas y la defensa de Cristina Kirchner en otra de 395. Lo hicieron ante el vencimiento del plazo que es el miércoles a las 9:30 horas. Las apelaciones deberán ser analizadas por la Cámara Federal de Casación Penal.
“La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, sostuvo su defensa. En tanto, la Fiscalía planteó que “las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”.
En diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina Kirchner. Junto con la vicepresidenta fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
En el caso se analizaron las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para el tribunal hubo corrupción. Tuvieron una disidencia. Giménez Uriburu y Gorini entendieron que en el caso no se dio el delito de asociación ilícita, Basso votó por condenar por ese delito.
En su apelación, el fiscal Luciani no solo pidió que Cristina Kirchner sea condena por asociación ilícita. También que por ese delito lo sean Báez, López y Periotti y que se revoquen las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro.
“La contundente sentencia del Tribunal mostró de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia. Y esto lo decimos con profundo pesar porque, lamentablemente, es una realidad indiscutible”, señaló Luciani en su presentación y agregó que no entiende por qué no se condenó por asociación ilícita.
“No lo entendemos porque las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita. Para que se entienda bien, se trataba de un ´traje a medida´ y la mayoría del Tribunal convirtió esta figura en un ´traje estrecho´ o, peor aún, en un tipo penal prácticamente inaplicable para casos de corrupción en la Administración pública”, sostuvo y calificó como “inadmisible” que no se haya condenado por asociación ilícita.
Por su parte, al defensa de la vicepresidenta planteó que el tribunal oral la condenó sin pruebas. “La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, sostuvo Beraldi junto a su colega Ary Llernovoy que agregaron que “la falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”.
“Basta con repasar los títulos de los diarios o los registros de causas judiciales de los últimos quince años para constatar que Cristina Fernández de Kirchner es, sin lugar a dudas, la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”, sostuvieron los abogados en otro tramo y criticaron al tribunal porque en el juicio “rechazó más del ochenta por cierto de la prueba ofrecida por nuestra parte, en particular, la casi totalidad de los estudios periciales que resultan ineludibles en esta clase de procesos”.
Con las apelaciones presentadas -resta que las presenten otras partes para lo que tienen tiempo hasta el miércoles a las 9:30 horas- los jueces remitirán el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal. Allí un primer paso es que se confirme la integración de Casación. En la causa interviene la Sala IV con los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los dos primeros son muy criticados por el kirchnerismo por sus visitas al ex presidente Mauricio Macri. Borinsky y Carbajo también intervinieron en la confirmación de la condena de Báez por lavado de dinero y la redujo a 10 años. En ese caso se analizó la obra pública que recibió el empresario de Cristina Kirchner. Son hechos que pueden llevar a las partes a recusar a los jueces, lo que demandará más tiempo la resolución del caso.
Luego el tribunal deberá convocar a una audiencia con todas las partes para que escuchar sus argumentos. Con lo extenso y complejo del expediente y por los plazos, todo indica que la decisión no será este 2023 de elecciones presidenciales, sino que quedará para el año que viene.
